California Se Está Preparando Para DEMANDAR A Trump Por Sus AMENAZAS Contra Los Inmigrantes

El gobernador de California, Jerry Brown, no le tiene miedo a Donald Trump porque él quiere hacer lo correcto. Es por eso que el sábado, Jerry Brown, respaldó la idea de que su estado lleve a la administración de Trump a la corte federal por su amenaza contra las “ciudades santuario”.

Trump y su administración están amenazando con eliminar los fondos federales para la policía en las “ciudades santuario” a menos que cumplan con una aplicación más estricta contra los inmigrantes.

Brown no tiene la autoridad para llevar al estado a los tribunales con la administración de Trump, todo depende del Fiscal General del estado, pero Brown dijo durante una entrevista que “podría ser muy útil ir a la corte federal y resolver esto en un tribunal, en vez de la retórica de los políticos hablando el uno al otro”.

“Algunos foros judiciales para resolver esta disputa entre el gobierno federal y California – yo pienso – pueden ser muy útiles para todo el país”, dijo Brown a Chuck Todd de NBC en “Meet the Press”.

“Esta disputa entre los políticos, no aclara realmente las dificultades de la ley suprema del gobierno federal que está chocando con la ley soberana de los 50 estados”, Jerry Brown continuó.

Según un informe del Sacramento Bee, el Procurador General de California, Xavier Becerra, también ha estado observando la idea de Jerry Brown.

En conjunto con otros abogados de la ciudad, Xavier Becerra está considerando acusar al Departamento de Justicia de violar la Constitución estadounidense por amenazar con quitar los fondos para combatir el crimen de aquellas ciudades y estados que no cooperan plenamente con los agentes federales de inmigración.

Según el informe de Sacramento Bee, California está preocupada de que un programa que trajo casi $17 millones al estado en el año fiscal 2017 podría ser cortado.

“Las ciudades y los estados afectados por estas disposiciones tienen fuertes argumentos para presentar en el tribunal ya que estas condiciones son ilegales”, dijo un ex funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el asunto al Sacramento Bee. “Si el Congreso quisiera que estos requisitos fueran parte de la decisión de financiamiento de la subvención, lo habrían escrito en la ley”.

El proyecto de ley de California, impide que la policía estatal solicite información sobre el estatus migratorio de los detenidos, para no permitir que agentes federales tengan acceso a la información de los sospechosos bajo custodia, según el Los Angeles Times.

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